OBSERVATORIO NACIONAL DE PAZ
DOCUMENTO DE REFLEXION
MINERIA RETOS EN EL
TERRITORIO Y POLITICA PÚBLICA DESDE LAS REGIONES
Presentación
La tarea central del
Observatorio en el periodo es contribuir con insumos para el debate sobre los
conflictos priorizados en las regiones con el objeto de señalar trazos o rutas
que permitan construir política pública desde las organizaciones sociales. En este periodo de la historia del país, vuelve a
ocupar un lugar este tema que tiene ya unos precedentes y que los pueblos deben
seguir sus rastros y enseñanzas para no incurrir en redundancias y delinear
posturas de negociación que favorezcan sus intereses y cuiden los derechos de
las generaciones futuras.
Quiere este breve escrito
soportar sus planteamientos en dos campos de reflexión: uno referido a las condiciones del proceso de
acumulación económica, que permita entender porque en los territorios hoy se
presenta la disputa en un marco de derechos de la naturaleza que aún debemos
posicionar; y uno segundo referido a la
autonomía de las Regiones desde la formulación de los planes de Desarrollo, en
especial tomamos el ejemplo de Nariño por los aprendizajes y condiciones
ventajosas que representa la tarea del Gobierno alternativo actual.
Ahora bien el Documento
tiene un sentido pedagógico, dado que no pretende ser una agrupación de datos
técnicos, que probablemente se pueden incorporar a él; y propone mas bien una
ruta en construcción que espera animar a los actores fundamentales del
territorio, en la vía de construir una política publica con interlocución
nacional.
De
historias olvidadas e impactos lesivos.
Como señalara el estudioso
de nuestra realidad Carlos Villareal la minería no ha dejado sino dolorosos
impactos en el rastro por la historia de América Latina y del Sur del
País. Baste recordar la inmensa expoliación sufrida
con la conquista española que evidencia el traslado de volúmenes inmensos de
oro, plata, cobre y platino entre los minerales que agregando valor son
soportes fundamentales para la emergencia y solidez de los modelos de
acumulación Inglesa, Alemana, Francesa y de los países de Europa fundamentalmente. La historia señala las cicatrices dejadas en
Potosí, Chile, México, Colombia, Perú etc.
Resulta sin embargo una historia que se ha colonizado en el olvido. Pues, han tenido que ser los poemas de
Neruda, Galeano quienes refrescan esas profundas expoliaciones sufridas y que
como lo recuerda Aníbal Quijano señalaron un verdadero epistemicidio y la
aparición en la historia humana de los enfoques de raza, trabajo sobre-explotado y exterminio de la población
nativa.
Esas mismas fuerzas telúricas
parecen renacer en el siglo XXI, ahora con discursos sofisticados y que no
hacen sino ocultar los propósitos intencionados de los nuevos actores de la colonización ahora mundializada por empresas
que buscan la riqueza a cualquier costo, buscándola donde no se les ha perdido y donde encuentran socios para sus espurios
intereses. Una paradoja, que tiene
sello de amnesia moderna es la que resulta de la inaplicabilidad de la minería
en los países enriquecidos[1]; y
su correría por los países empobrecidos, donde los controles ambientales y
regulaciones son menores o más laxos.
No solo es la insaciable
voracidad del proceso de acumulación del capital, para el desarrollo de una
sociedad que mira a la naturaleza como su condición inerte. Es todavía, la persistencia de un orden
económico global que pocos controvierten y que reducen, el papel de países como
el nuestro al suministro de materias primas básicas para las más boyantes
industrias de la micro-electrónica, los procesadores de las nuevas generaciones,
los electrodomésticos, la aeronáutica, las comunicaciones y probablemente para
una industria militar basada en “hadrones” y el control de la información con
sofisticadas tecnologías geo referenciadas.
Entonces, debemos volver
por los argumentos del ambientalismo y la ecología política. Ya Wolfang Sachs nos propone que hoy es
imposible pensar la sociedad sin la
naturaleza y ella sin la sociedad.
Es en este punto central donde se define el lugar que los humanos
queremos darle a la naturaleza en su interacción con otros componentes de la
vida social y cultural.
En nuestro medio, el
Ambientalista de la Universidad Nacional Augusto Ángel Maya ya señalo en la
década de los setenta y ochenta, la relación entre el modelo energético y la
política. Entre el centralismo y
autoritarismo de propuestas de organización energética como el nuclear y la
necesidad de fuentes alternativas y descentralizadas de controles y autogestión
desde comunidades locales. Todo está en
juego de nuevo como gran marco de referencia de lo que pretendamos hacer en
nuestro territorio y su porvenir.
Las memorias extensas son
una prueba contundente de un porvenir incierto.
Conocidas por la arqueología son los saberes y conocimientos que
permitieron a los pueblos pre-colombinos el tratamiento del oro. Cuya huella perdura en filigranas,
martillado y trabajo del oro en Barbacoas (Sur y piedemonte, Provincia que
permitió a la región la entrada de la modernidad sin modernización en nuestra
región). No siendo este el lugar, para
mencionar la inmensidad de los saberes técnicos que acumularon pueblos como la
desaparecida cultura Tolita (Que debió habitar la costa pacifica sur), el saber
milenario de los Pastos como culturas que abrigaron un pensamiento cosmogónico
que apenas empezamos a valorar.
Volviendo al planteamiento
inicial de Villareal, señalemos que la acumulación que giro de la mano de la
expoliación colonizadora no deparó condiciones de existencia digna para las
mayorías. Al contrario las inmensas
riquezas circularon primero a favor de encomenderos, ordenes religiosas,
piratas, banqueros y comerciantes inescrupulosos. Y luego, como tragedia en manos de la Banca
Central de nuestro País. Ahí está la
prueba de las condiciones de vida en Barbacoas, que se dio el lujo de tener helipuerto
para el saqueo, y aún hoy en pleno siglo XXI no tiene conectividad vial;
explicando de paso una demanda histórica hoy asumida con enormes enseñanzas por
el movimiento cívico de “piernas
cruzadas”.
El elemento que da
fundamento a esta economía extractiva y de enclaves solo puede entenderse a
partir de la constatación del papel de institución imaginaria que juega el
dinero, la conversión de cambio y la racionalidad funcional que representa el
papel de la minería. Hoy de nuevo
acuñada sobre bases que permiten ventajas inexplicables (pero toleradas por los
modelos de desarrollo occidental) a empresas que juegan con amplias ventajas en
procesos de acumulación en medio de la crisis de soberanía que caracterizan a
estados nación débiles o con baja regulación del sector.
Es en el conjunto de estos
factores de alta complejidad donde se desplaza cualquier idea de soberanía de los territorios, en los
cuales se despliegan los conflictos que desata la minería. Los actores vuelven a ser los mismos de la
colonia, salvo que de aristócratas, piratas y banqueros; ahora se mimetizan en
poderosas empresas descentralizadas, globales y que acuden a socios nacionales
para expandir sus jugosos negocios, sin reparar en daños ambientales o destrucción
del tejido social comunitario.
Las
Cartografías y su geo-política.
Resulta ahora si,
comprensible el papel de los territorios y de sus propietarios en el contrato
inicial subvertido y cuestionado, al cual se le superpone la presencia de
actores armados ilegales, como escenario de conflicto que busca manejar,
controlar y proveerse de bienes y servicios ambientales de una parte (agua y
diversidad biológica); pero también de dotaciones propias de minerales como el
oro, el platino y otros sofisticados como el coltan, para las demandas de un
modelo de acumulación que no repara en el bienestar colectivo, sino en la
ganancia sin ninguna ética planetaria.
En este punto debemos
puntualizar la importancia que tiene el enfoque territorial y aquello, que no
se menciona referido al autogobierno de las comunidades sobre los contenedores flexibles que las
dimensiones socio-espaciales hoy constituyen.
No es como se piensa, en cierto
argot académico que existe una amnesia del
Estado en relación con los factores territoriales; sino que ahora tiene otro
rol y peso específico, dadas ciertas condiciones del juego de intereses y factores
económicos en el orden mundial del modelo de acumulación.
Claro que en la historia
los territorios de pueblos ancestrales y forjadores de nuestra precaria
condición de nación como los pueblos indígenas y negros son dueños legítimos y poseedores de territorios que hoy interesan a
múltiples actores, entre ellos los corporativos, pero también a los armados
ilegales que tienen que disputarles corredores
estratégicos para sus guerras, en suma
se pelean los mejores frutos por la
circulación de los bienes que alimentan poderes y control territorial.
Entonces las cartografías
resultan ahora necesarias. Y en ello, la
economía política tiene otros matices.
Mientras bosques, paramos, montañas, buenos espacios de conservación de
avifauna, diversidad biológica, bosques y manglares, de tan preciado valor,
contengan por su endemismo especies promisorias; y sigan siendo reclamados por los pueblos
originarios, será un claro obstáculo para los actores corporativos que
requieren no solo de bienes de la naturaleza, sino de los conocimientos que
ella pueda proveer en términos de soluciones a ingentes a problemas de la
humanidad.
Es entonces en este
escenario de bordes, limites, procesos de protección de las culturas y
colonización incontrolada; la que permite entender que se puede estar jugando
en el sur y en el país en relación con los derechos territoriales de los
pueblos originarios[2].
Ahora bien, ya el proceso
de organización del territorio ha sufrido un impacto[3]
que se debe apreciar y ello como consecuencia de la presencia de economías y
actores foráneos. Son ellos, los que ya
con dragas, explotación ilegal, utilización del territorio a partir de
cooptación de las demandas y necesidades de los pobladores; vienen impactando y
ocasionado daños, algunos irreparables sobre el territorio extenso de Nariño y
Colombia. Resulta que para ellos no existe ni orden de estado constitucional,
así nuestro sistema normativo haya adoptado en la Constitución de 1991 mandatos
como la función ecológica de la Propiedad.
Es como si en el país conviviera con un grupo de actores que con fuerza,
violencia, engaño o simplemente por esa sub-cultura del desprecio por los derechos de la naturaleza opera sin
cumplir el orden legal y constitucional.
Es toda una atrevida pre-modernidad que el estado con su ceguera
intencionada ha protegido y se niega a regular. O si no, preguntemos cuántos detenidos
existen en Colombia por la operación ilícita de dragas y explotación inadecuada
de minas en el presente. Señalemos sin
embargo, que en medio de este panorama que resulta poco alentador los
territorios y sus actores tienen juego
y deberán dotarse de nuevos enfoques
para enfrentar y proponer salidas congruentes con sus referentes culturales y construir
o reconstruir sus demandas territoriales.
Desde la construcción social y participativa de los
territorias están en la confluencia de estas tensiones. Y se puede desde sus agendas redefinir y
proponer salidas alternativas. Esta
resulta una oportunidad que tienen tanto indígenas, afros y campesinos,
demócratas, ambientalistas, etc para una agenda de desarrollo humano y
ecológico sobre sus territorios. En
ella la voluntad del gobierno regional, como se verá más adelante puede ser un
factor a favor, pero no suficiente si no se trabaja por la base de un supuesto
fundamental para las comunidades organizadas: que es el trabajo propio de fortalecimiento de su cultura organizativa
y de incidencia política de frente a
estos escenarios de turbulencia y competencia.
Hoy como nunca, las
organizaciones y movimientos sociales tiene que ganar en comprensiones de la
nueva cartografía política que les depara las tensiones y violencias que ya
tienen presencia en los territorios.
Jugando como en ninguna época de la historia contemporánea un papel
fundamental la formación e inclusión
de reformas a los procesos educativos que soportan su propia existencia y el
reclamo para un giro fundamental en la educación que se imparte desde la
institucionalidad publica[4].
Legislaciones
para los Nuevos Corporativismos
Son múltiples las
circunstancias que impiden afirmar que en el País no opera un auténtico sistema
jurídico ahora en correspondencia con el enfoque de Estado Social de
Derecho. En la última década, incluso
se ha creado un desarrollo muy parecido a los países del “comon low” desde la
Corte Constitucional. A ella, le ha
correspondido llenar un vacío dejado por las orbitas administrativas y
legislativas del poder del estado. Y
ello acontece porque el giro que vive la evolución del constitucionalismo y del
derecho mismo tiene que ocuparse de la igualdad de oportunidades de las y los
ciudadanos frente a la Ley y el derecho.
Sin duda, ese formalismo
que no piensa en contenidos y eficiencias de los instrumentos de acción del
estado social está mandado a confrontar; así lo añoren las posturas
conservadoras de muchas franjas de la sociedad colombiana. De ello se ha ocupado con suficiente ejemplo
la jurisprudencia y debe ser una labor educativa su divulgación como patrimonio
del país y ejemplo de construcción de una institucionalidad democrática.
De esa variada línea
jurisprudencial vale la pena resaltar avances que son fundamentales para esta
reflexión. Una primera definida como el
lugar que se le ha asigna a la consulta previa como derecho fundamental. Otra
referida al respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas
y afros en la gestión de su territorio y una consecuente efectiva protección de los derechos
fundamentales a partir de las condiciones del conflicto que vive la nación para
el conjunto de la ciudadanía.
Solo para efectos de
ilustración señalemos algunos planteamientos sobre el derecho a la consulta
previa y la visión integra del territorio de los pueblos originarios.
El derecho a una
consulta previa como derecho fundamental es un desarrollo
del espíritu central del modelo de estado social y democrático de derecho adoptado
por la Constitución Política de Colombia e incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico a partir de la suscripción del Convenio 169 de la
OIT. Frente a su ejercicio por los pueblos originarios no puede
argumentarse enredos o argucias positivistas, que impidan su pleno ejercicio.
Tanto los pueblos indígenas como afro-colombianos desean
construir mundos donde la pluralidad de visiones, vayan configurando el
bienestar del país y aportar los enfoques hasta ahora negados, de
unas condiciones de buen vivir para
la humanidad entera.
La consulta previa no
es una sumatoria de reuniones, sino parte fundamental de la legitimidad que
deben acompañar los actos administrativos del Estado Colombiano y sus
definiciones que afectan la vida individual y colectiva de los pueblos
fundantes[5]. En la
actualidad todavía hay funcionarios y abogados que no alcanzan a
comprender, que estamos frente a un derecho
a construir mundos posibles desde ámbitos participados; esto
es, que el enriquecimiento aportes, reflexión, debate informado
se constituyen en riqueza de las definiciones sobre
los ámbitos del mundo de la
vida que es el destino final de la acción concertada de un Estado
social.
Se desconoce a partir
de posturas intransigentes y formalistas toda una trayectoria de la
jurisprudencia democrática de las altas cortes, empezando por la Corte
Constitucional de nuestro País, quien en forma reiterada se pronuncia a favor
de este derecho fundamental para la expedición de medidas que impactan y
producen efectos sobre la cultura, el ethos
y la vida en armonía de los pueblos originarios.
Baste recordar que la
participación es un proceso social
complejo donde el dialogo intercultural, la calidad de la información las
condiciones para reconocer “otras visiones del mundo” sean posibles. Es de esta manera, y no como asuntos
formales o superficiales, que se generan las condiciones para avanzar desde
mundos participados y no simples consultas a sus ciudadanos en las definiciones
que resultarán procesos vitales de legitimidad y legalidad de todos los actos
de estado.
En forma reiterada
los voceros de los pueblos originarios han manifestado su espíritu de
concertación. Resulta, sin embargo
contradictorio que franjas de la sociedad hegemónica sigan creyendo que los
pueblos indígenas y afro-americanos se oponen al desarrollo. En realidad lo que acontece, es que la
concertación debe constituirse en una práctica cultural que haga parte de todo
pacto social, en toda definición estratégica de la sociedad y el estado
nacional.
Existe además una
base que tiene asiento en los principios de nuestro ordenamiento jurídico y que
desde propuestas como la del pueblo de los Pastos se conoce como el Derecho Mayor. Condición que se plantea como base de principios o pivote
anterior y fundante de todo derecho posterior no solo de la propiedad, sino del
conjunto de bases materiales, culturales, simbólicas que configuran nuestra
definición como un estado pluri-etnico y
multicultural como el colombiano definido así como atributo desde la propia
constitución política.
La
autonomía de los Territorios y las Regiones.
Una historia de vueltas y
revueltas ha signado la emergencia de las entidades territoriales con autonomía
en una nación que debió evolucionar
según la constitución del año 91 en la dirección de una republica regional
unitaria.
Esta consideración que recibió
siempre reservas de parte del centralismo y de una parte importante de la
burocracia centralista del país; sigue siendo una fuente de las verdaderas inequidades
espaciales, desequilibrios regionales y violencias en la ocupación.
La construcción social es una tarea que tiene por horizonte dar vida a
formas de organización institucional ya adoptadas en nuestro sistema
constitucional. De conjunto las
entidades territoriales indígenas (etis), provincias, regiones, asociaciones de
desarrollo territorial son formas que requieren construcción de consensos más allá de los simples mecanismos
reguladores de la norma. Incluso,
según estudiosos[6] de
los temas la reciente expedición de la ley orgánica de ordenamiento es de tal
falta de profundidad, que poco le agrega a la voluntad y al sentido definido en
las normas adoptadas por la Constitución del 91. Todo ello acontece en un país que ha
sufrido profundas transformaciones en su organización territorial por los
impactos de actividades sin control como los cultivos de uso ilícito, la
minería, la ganadería extensiva y la ocupación y uso del suelo que no
corresponde a la vocación de los suelos.[7] Entonces resulta fundamental restablecer una
línea de investigación acción
alrededor de la organización del territorio.
Ello acompañado de criterios en los cuales el país y las organizaciones
sociales ya vienen avanzando.
Si los criterios versan
sobre la necesidad de cualificar la participación, considerar los elementos
geográficos e históricos, considerar la dimensión ecológica y cultural de los
pueblos; tenemos ya al frente una tarea que tiene una naturaleza estratégica. Se
trata de reivindicar el autogobierno
desde los territorios.
Es por decir un llamado al renacer de la organización territorial desde
construcciones de base popular, con acciones que parten desde el conocimiento del
territorio, el fortalecimiento de la articulación entre los diversos actores
que lo habitan, la definición de estrategias para una apuesta en “buen vivir” que incluya iniciativas y
programas integrales con la inclusión del conocimiento y la apropiación de
tecnologías que puedan gestionarse desde perspectiva de respeto por las
culturas y el ambiente natural.[8]
Elementos
de construcción de Política Publica en la Materia.
Ha sido necesario un
recorrido de naturaleza densa y compleja para arribar a la construcción de
líneas que permitan dar pasos firmes en la construcción de política pública en torno a este acucioso tema de la gran minería. Entendiendo por política pública como lugar
en el cual se negocian y tramitan intereses y vuelven acciones de estado y de sentido de lo público. En la actualidad el Gobierno de Nariño ha
dado pasos suficientes para colocar la
agenda y plantear unos puntos de partida que son favorables a la movilización y
resistencias de las organizaciones campesinas, indígenas, de afros para
afrontar la materia.
Esta atmósfera en el caso
de Nariño tiene unos atributos que aquí resaltamos. En primer lugar el enfoque del Plan de Desarrollo de Nariño.
Este instrumento que
planteó un ejercicio de concertación de pedagogía política de especial
apertura. Señala una opción por el
desarrollo humano sostenible, así como un enfoque diferencial, territorial, de
ciclos de vida y con un apego a valores propios de solidaridad, desarrollo de competencias humanas y ruptura de las
inercias que permitan un nuevo panorama de equidad, participación y desarrollo
sostenible para todo Nariño.
Adicionalmente y con un
liderazgo con acento propositivo, la posición del Gobernador de Nariño ha
generado una apertura al debate en el tema de minería, como en las alternativas
frente al fenómeno complejo de los cultivos de uso ilícito.
Se puede afirmar entonces
que existe un lugar de espacio democrático para confrontar la visión
extractivista y desarrollista a ultranza, que representa el Estado desde el
Ministerio de Minas y la naciente Agencia
Nacional de Minería. Esta última
anuncia, que a partir de los primeros días de septiembre pondrá en
funcionamiento un Sistema Geo referenciado y Publico de información sobre los
permisos mineros en el territorio nacional.
Esta circunstancia nos muestra como el país, ha sido incapaz de aprender
las lecciones históricas y una autentica ruta de construcción de política
pública. Nariño y sus fuerzas vivas
pueden ser líderes en dotar de contenido a un debate y al posicionamiento de políticas públicas que sean garantes de
tres principios: uno de responsabilidad
ecológica de la propiedad, dos de protección y visión integral del territorio como
contenedores de vida digna y tres de soberanía
en relación con los intereses corporativos.
Desarrollemos en forma
panorámica los tres principios en relación con iniciativas que deben tener
lugar en definiciones de política de estado, y algunas de orden legislativo.
1. Principio
rector es la concepción de responsabilidad ecológica y social de la propiedad y
de la empresa. Resulta fundamental
un desarrollo legal y jurisdiccional que vuelva materializable los efectos de
afirmaciones como “La propiedad es una
función social que implica obligaciones.
Como tal, le es inherente una función ecológica.” Artículo 58 de la Constitución Política. De aquí se desprenden una serie de
proposiciones que deben desarrollarse en el nuevo Código Minero, en el Estatuto
de desarrollo Rural, en la nueva versión de la ley de Paramos y áreas
protegidas. Ellas tienen que ver con la
claridad en los límites a la iniciativa privada, la comprensión de los impactos
de exploración y sísmica de los procesos de búsqueda de minerales, la
protección de sitios proveedores y generadores de fuentes hídricas, la
protección de corredores biológicos, parques naturales y la propiedad colectiva de pueblos
indígenas, afros y el desarrollo de la figura de reservas campesinas.
2. El
territorio avanza en las figuras de construcción social y es un lugar protector
de la vida.
El sustento básico en la
construcción de una línea de política publica se sustentará en el articulo 286
en sus desarrollos y concordancias: “Son
entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios indígenas. La ley podrá
darles carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se
constituyan en los términos de la Constitución y la Ley”.
Se esperaba de la reciente
expedición de la denominada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, un avance
en la legislación que profundizara la autonomía y los recursos para nuevas
figuras como las Entidades Territoriales Indígenas, las Provincias, las
Regiones o las Asociaciones de Desarrollo Territorial (ADT). Ello no aconteció por razones que el gran
impulsor de nuevas figuras y de un ordenamiento territorial democrático, como
lo era Orlando Fals Borda (q.e.p.d) ya había presagiado. Una discusión y la adopción de un
ordenamiento que corresponda a intereses de los sectores populares no provendrá
de la iniciativa de las élites; sino de la madurez de la autonomía y autogobierno de los territorios, experiencias como la
de la Región Sur y lo que actualmente acontece en el Cauca, indican la
ruta. Temas conexos que debe visualizar
este campo de trabajo son la participación de los entes territoriales en los
ingresos del país, las rutas y evaluación del proceso de descentralización, los
mecanismos de participación y la implementación de nuevas figuras de
ordenamientos.
3. Soberanía
frente a intereses y negocios de las Empresas Corporativas.
Una postura que refleje
creativas formulas para ir delineando un orden social y económico que sea
congruente con el bienestar y dignidad para las mayorías. En este acápite se pueden discernir formulas
como la renegociación de los contratos de Asociación y Explotación minero
energéticos, pero también otras medidas como la implantación de medidas como
mayores caudas tributarias al sistema financiero, e incluso la futura
instauración de la renta universal de ciudadanía. Todas ellas, apuestas creativas que pueden y
tienen referentes en estudios serios de académicos en el país y en el mundo.[9]
Queda a partir de estas
provocaciones un camino abierto de rigor en la reflexión y de un nuevo sentido
de iniciativa sobre propuestas vitales para los territorios en los próximos
años y del porvenir de las generaciones que nos remplacen.
LUIS
EDUARDO CALPA
INVESTIGADOR
REGIONAL
[1] Esta nominación la
tomamos del Pensador y Teólogo
Brasileño Leonardo Boff. Ver Pagina web de su
obra. “Eso es exactamente
lo que está ocurriendo con la mundialización propuesta por el pueblo de
Davos-Nueva York. O usted está en el mercado competitivo, vence y existe, o
usted es derrotado, desiste y no existe. Entre las víctimas de esta lógica se
encuentra casi la mitad de la humanidad, condenada a la exclusión despiadada y
desprovista de cualquier sostenibilidad. ¿Puede ser humano un proyecto global
que elimina a los humanos o los convierte en mero carbón –recordando al añorado
Darcy Ribeiro- de la máquina productiva?”
Frente a esta crueldad, adquiere dignidad ética la alternativa propuesta
por el pueblo de Porto Alegre. Niega ese tipo de mundialización tiranosáurica.
Propone otra globalización que pasa por la solidaridad a partir de abajo, por
la mundialización de los derechos humanos, por la socialización de la
democracia como valor universal, por el control social de los capitales
especulativos; pasa, igualmente, por la aplicación en todas las economías de la
tasa Tobin, por la creación de instancias de gobierno mundial, por la universalización
del cuidado para con la Tierra y con los ecosistemas y por la valoración de la
dimensión espiritual del ser humano y del universo” ¿Qué Mundialización? En: www.koinoia 2003-10-10.
[2] Según el ambientalista Andrés
Hurtado García el Gobierno de Juan
Manuel Santos entregaría 17 Millones de
hectáreas a la conocida como locomotora de la minería. También
afirma. “Pero mayor locura sería hacer
minería irresponsable con el medio ambiente.
En esta locomotora están montados las grandes empresas y los mineros
artesanales, que también ellos hacen muchísimo
daño a los ríos. La minería grande y
pequeña siempre hará daño al medio ambiente, perro
deben sopesarse los daños y los beneficios..(sic). Mineros y ecologistas: ¿Nuevos
amiguis? El tiempo. 7 de Agosto. Pg.
18 A
[3] Entre los cuales apenas se menciona ya ahora por
su evidencia, el denominado Cambio Climático que
igual no se reconoce en su causalidad con el modo
depredador del capitalismo desaforado.
[4] Baste señalar que en Nariño se adelanta una
reflexión de alto contenido estratégico a raíz de la
formulación del Plan de Educación Pertinente.
Circunstancia que no encuentra correspondencia con una fuerza pedagógica
coherente de parte por ejemplo del Sindicato de Maestros y de la misma
Universidad Publica Regional.
[5] Con preocupación se registra que ya el Gobierno
está pensando en una Norma que regule en forma negativa el derecho y los
avances conquistados del derecho a la Consulta Previa para los pueblos indígenas. Ver el Tiempo…
[6] Se puede ver opiniones serias al respecto en Viva
la Ciudadanía. Antonio Madariaga.
[7] En este sentido se vuelve reiterativo
diagnósticos tan serios como el reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano
dirigido por una autoridad como el profesor y maestro Absalón
Machado. Remitimos a él por su rigor y
criticidad.
[8] Renacer y organización del territorio que impulso
durante toda su vida el Sociólogo y
Maestro Orlando Fals Borda en su obra y compromiso
vital.
[9] Se puede consultar los trabajos de Luis Jorge Garay
Salamanca, Álvaro
Martín Moreno Rivas, Andrés
Felipe Mora e Iván Darío Velásquez Garzón en:
Colombia Dialogo Pendiente: El
derecho al trabajo y la política buffer de empleo. Planeta Paz.
Documentos de política publica para
la paz. 2011.
